El organismo de control de la competencia quiere ayudar a las empresas a trabajar juntas en materia de sostenibilidad, pero ha olvidado una parte clave
Cuando las empresas trabajan juntas, sea cual sea el motivo, corren el riesgo de infringir las leyes de competencia aplicadas por nuestro organismo de control nacional, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC).
Estas leyes tienen como objetivo prevenir prácticas anticompetitivas que puedan perjudicar a los consumidores australianos, como el comportamiento de los cárteles y el uso indebido del poder de mercado.
Pero las empresas también pueden colaborar por motivos muy concretos, como por ejemplo para que sus operaciones y cadenas de suministro sean más sostenibles. Si se hace bien, esto beneficia a la sociedad en su conjunto y debería fomentarse.
El mes pasado, para ayudar a las empresas a navegar por este terreno complicado, la ACCC publicó un borrador de guía sobre colaboraciones en materia de sostenibilidad. Se espera que la versión final esté lista a finales de este año.
Esto tiene como objetivo empoderar a las empresas que están pensando en trabajar juntas en proyectos con objetivos ambientales, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar los sistemas de agua y reducir sus desechos.
Pero, al centrarse exclusivamente en el medio ambiente, parece haber pasado por alto, de manera preocupante, los elementos sociales de la sostenibilidad: las personas, la equidad y las comunidades. A continuación, explicamos por qué esto es un problema.
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Un paso en la dirección correcta
El proyecto de guía de la ACCC tiene como objetivo ayudar a las empresas a comprender si es probable que un proyecto infrinja la legislación sobre competencia y cómo pueden obtener una exención si existe riesgo de infracción.
Al anunciarlo, el presidente interino Mick Keogh destacó la necesidad de tales protecciones legales:
Nuestra intención al desarrollar esta guía es dejar claro que el derecho de la competencia no debe verse como un obstáculo inamovible para la colaboración en sostenibilidad que puede tener un beneficio público.
¿Y dónde podrían encontrarse actualmente con problemas las empresas?
Imaginemos que dos empresas competidoras con preocupaciones medioambientales compartidas acuerdan adquirir productos respetuosos con el medio ambiente únicamente de un proveedor específico.
Esto podría reflejar simplemente el hecho de que este proveedor en particular era el único que aplicaba las mejores prácticas ambientales. Sin embargo, se podría argumentar que dicha colaboración podría constituir un comportamiento de cártel si restringiera la cantidad o el tipo de bienes que estas empresas ofrecían.
Según las nuevas directrices de la ACCC, estas empresas competidoras podrían solicitar una exención demostrando que su colaboración refleja un esfuerzo ambiental positivo.
La sostenibilidad es algo más que el medio ambiente
Estas protecciones legales para las empresas que desean trabajar juntas en pos de objetivos ambientales son un avance importante, pero en sus esfuerzos, la ACCC parece haber pasado por alto un aspecto importante de la sostenibilidad: su dimensión social.
Los objetivos sociales clave para las colaboraciones empresariales podrían incluir el respeto a los derechos humanos o la lucha contra la esclavitud moderna.
Pero modificando ligeramente nuestro ejemplo anterior, dos empresas competidoras podrían acordar comprar bienes sólo de ciertos proveedores con condiciones certificadas contra la esclavitud, o evitar proveedores que se sabe que practican esclavitud moderna.
Esto tendría claros beneficios sociales, pero no estaría protegido bajo el enfoque propuesto actualmente por la ACCC.
Zoriana Zaitseva/Shutterstock
Lamentablemente, este descuido refleja una tendencia más amplia en el discurso sobre la sostenibilidad.
La sostenibilidad tiene una larga historia. En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas la definió como “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Está representado por tres pilares: económico, social y ambiental, o menos formalmente, beneficio, personas y planeta.
Pero las investigaciones han demostrado que el pilar social es el más débil cuando se trata del desarrollo sostenible.
Gran parte de esto se debe a la dificultad de medición, que puede hacer que quede excluido de las métricas y las políticas. Los sistemas de contabilidad actuales están mejor preparados para rastrear y medir los datos ambientales y económicos.
No podemos ignorar el pilar social
En una presentación a consulta sobre el proyecto de directrices, el Comisionado Antiesclavitud de Nueva Gales del Sur, James Cockayne, argumentó que la supervisión “casi con certeza enfriaría –o quizás congelaría– numerosas colaboraciones de conducta empresarial responsable que ya están en marcha”.
Acertar con el pilar social también es vital para lograr la sostenibilidad ambiental.
No es que Australia no haya avanzado en los aspectos sociales de la sostenibilidad. La legislación aprobada en 2018 obligó a ciertas organizaciones a informar sobre los riesgos de esclavitud moderna en sus cadenas de suministro.
La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible de Australia y la adhesión del país a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también demuestran nuestro compromiso con un enfoque integrado.
Pero es necesario seguir trabajando, y uno de esos pasos sería ampliar la definición de sostenibilidad de la ACCC.